Esta semana hemos sabido que el Gobierno del Estado ha dado por extinguidos los permisos de investigación de hidrocarburos frente a las costas de Málaga y Granada. El Ministerio de Industria da carpetazo así a los sondeos petrolíferos en esa parte del Mediterráneo.
Mientras, en el caso de Canarias las cosas siguen como estaban: Repsol mantiene sus prerrogativas sobre los sondeos, a pesar de que en enero de este año anunció que tiraba la toalla para ir con las prospecciones a otra parte. Eso sí, sin que a fecha de hoy tengamos claro si ese adiós es definitivo o momentáneo; si es definitivo o si está Repsol a la espera de que las coyunturas del mercado mejoren. O puede que la decisión real haya sido dormir las prospecciones en meses electorales.
Siendo todas estas hipótesis posibles mientras no se dé carpetazo definitivo a los sondeos en nuestras Islas, ¿a qué espera el Ministerio para extinguir esa autorización?
¿Acaso tienen la intención, que en ningún caso admitirían hasta que los mercados o las inquietudes electorales lo aconsejen, de reactivar los sondeos después de las elecciones autonómicas o generales?
La huida de la petrolera tras perforar el primer pozo no es un asunto anecdótico, porque con su abandono de la zona incumple la obligatoriedad contemplada en la condición primera de la Resolución de Industria del 11 de agosto, que le imponía efectuar de forma consecutiva la segunda cata, denominada “Chirimoya”. Además, la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el Ministerio de Medio Ambiente el 11 de junio de 2014 establece que el intervalo comprendido entre el fin de la primera cata y el inicio de la segunda es de dos días, con una duración total de 100 días para ejecutar la totalidad del proceso sumando la perforación de los dos pozos. Por tanto, este condicionante temporal también se ha incumplido por parte del promotor, ya que hasta la fecha han transcurrido más de tres meses desde que terminara la primera cata y la compañía se ha retirado de la zona anunciado el abandono de los sondeos.
Por si fuera poco, la Ley de Hidrocarburos vigente (Ley 34/1998, de 7 de octubre), en su artículo 34.1, dispone que “las autorizaciones, permisos y concesiones regulados en el presente Título se extinguirán por incumplimiento de las condiciones de su otorgamiento; por caducidad al vencimiento de sus plazos o por renuncia total o parcialmente del titular, una vez cumplidas las condiciones en que fueron otorgados”.
Resulta evidente que la compañía ha incumplido las condiciones impuestas en la propia autorización otorgada por el Ministerio de Industria para ejecutar los sondeos exploratorios, por lo que este organismo debe extinguir los permisos contemplados en la resolución publicada en el BOE número 140, de 10 de junio de 2014, así como de los permisos establecidos en el Real Decreto 547/2012, de 16 de marzo, en virtud de la aplicación de la Ley de Hidrocarburos.
Eso sería lo legal y lo razonable. Sin embargo, este procedimiento político- administrativo genera dudas respecto a lo primero y se ha movido de espaldas a cualquier resquicio de razón.
El Gobierno del Estado ha actuado con una prepotencia sólo equiparable a la de las metrópolis con sus colonias, desoyendo el clamor de la sociedad canaria en contra de las prospecciones y armando una declaración de impacto positiva con más sombras que luces.
Ahora que la petrolera ha abandonado el proyecto, el Ministerio de Industria tiene la obligación de dar el finiquito a los permisos. Así se lo hemos exigido en un escrito que le enviamos a finales de febrero y al que todavía no han contestado. Si el Gobierno del Estado, si el Ministerio de Industria, quiere recuperar algo de su maltrecha credibilidad tiene una excelente oportunidad con la extinción de las autorizaciones. Cualquier otra cosa sólo podrá ser interpretada como la continuación del compadreo entre Repsol y los responsables del Ministerio.
Instituciones y partidos políticos deben exigir públicamente al PP que extinga las autorizaciones. El PP debe extinguirlas porque solo así se generaría confianza en este asunto, solo así podríamos saber sin ningún género de dudas que Repsol se ha ido para no volver.
Si quieren acabar con dudas y sospechas que flotan en el aire sobre un posible acuerdo para retomar las prospecciones más adelante, cuando los mercados animen a ello o cuando las elecciones sean agua pasada, lo tienen muy fácil. Basta con extinguir los permisos.
